A LA OPINIÓN PÚBLICA:
El pasado 18 de mayo de 2021, fueron cruelmente detenidos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactza”, del Estado de Chiapas, en medio de una protesta pacífica, donde se solicitaba a las autoridades gubernamentales a través de un volanteo pacifico que los exámenes de ingreso para el nuevo ciclo escolar fueran de manera presencial y no en línea, ello en virtud que la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a internet en sus comunidades.
En medio de dicha protesta pacifica fueron cruelmente detenidas 74 mujeres quienes fueron vinculadas a proceso y posteriormente liberadas en fecha 24 de mayo de 2021, mientras que 19 hombres fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa de 45 días para aclarar su situación jurídica. Además, las y los normalistas revelaron haber sido objeto de golpes, maltrato psicológico y abuso sexual durante su detención.
De acuerdo al marco internacional de los derechos humanos, la protesta es una forma importante de participación en los asuntos públicos en el contexto de la desigualdad estructural que existe en nuestro país. Al tratarse de grupos históricamente discriminados, la violación y restricción a este derecho refuerza las condiciones de desigualdad y marginación que enfrentan y los expone a un mayor riesgo de experimentar abusos por parte de las autoridades estatales.
En este caso la brecha digital constituye una violación estructural al derecho de acceso a internet, y es la causa eficiente de las protestas. La razón es simple: la falta de acceso a internet condiciona el ejercicio de otros derechos, los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica, toda intervención tiene que satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, son inaceptables el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual en el marco del ejercicio de un derecho humano como la protesta, tal como lo establecen la CIDH y la Corte IDH.
Es en este contexto, es que desde el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, A.C, ha brindado asesoría y acompañamiento desde su detención, presentado diversas denuncias (35 hasta el momento), en virtud de las vejaciones sufridas con motivo de su ilegal detención, mismas que han sido aperturadas como registros administrativos en la Fiscalía de la Mujer de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin embargo el equipo legal ha realizado las gestiones respectivas para que estas sigan en investigación y se evite a toda costa que las mismas sean archivadas, por lo que al día de la fecha se han elevado 5 de ellas a carpetas de investigación y se buscara que en el momento procesal oportuno se pueda llevar a juicio a los responsables y de esta manera lograr justicia sobre tan lamentables hechos, visibilizando de esta manera el actuar de las corporaciones policiacas del Estado de Chiapas; por lo que desde este Centro de Derechos seguiremos luchando para que todo ello se lleve a cabo con la mayor transparencia y debido proceso, logrando que las y los jóvenes reprimidos alcancen la justicia que se merecen,
JOSÉ FILIBERTO VELÁZQUEZ FLORENCIO
DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA MINERVA BELLO A.C.
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