• José Filiberto Velázquez

BOLETIN DE PRENSA

Chilpancingo, Guerrero a 20 de agosto del 2020. 

Once años han pasado de la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría Barrera, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, no muestra interés en investigar a fondo, ni avanzar en el caso. 

A N T E C E D E N T E S 

1. Armando Chavarría Barrera nació el 27 de agosto de 1956, en Iguala de la Independencia, Guerrero; egresó de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la que fue líder de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG); catedrático y posteriormente candidato a rector. 

2. Fue Diputado Federal a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión; Senador de la República a la LVII Legislatura, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); en el 2005, fue designado Secretario General de Gobierno por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo quien fue postulado por el PRD. En 2008, renunció a la Secretaría de Gobierno y a finales de ese mismo año, fue Diputado Local y presidente de la Comisión de Gobierno a la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, cargo que desempeñó hasta el día de su homicidio. 

3. Fue ejecutado extrajudicialmente el 20 de agosto de 2009, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Recibió diez impactos de bala, en el interior de su automóvil: siete disparos de un arma calibre .380 y tres de una pistola calibre 9 milímetros, uno de los cuáles fue un tiro de gracia en la frente. Días antes, se le había retirado los escoltas por parte del Gobierno del Estado que se le habían asignado para su seguridad personal. 

4. La Fiscalía local abrió cuatro líneas de investigación: 

a) Delincuencia organizada 

b) Grupos armados 

c) Entorno familiar 

d) Entorno político 

En un afán de justificar su trabajo y contener la presión social, en el año 2011 ejerció acción penal en contra de cuatro supuestos integrantes del grupo guerrillero denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI),  misma que fue desechada por el Juez federal que conoció del asunto, y negó la orden de aprehensión solicitada, quedando las investigaciones estancadas desde entonces. 

5. Mediante escrito de 26 de noviembre del 2019, Martha Idalia Obezo Cázares, viuda de Armando Chavarría, solicitó a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Fiscalía General de la República, atrajera el Caso, atendiendo a tres elementos fundamentales: 

a) Porque el expediente del Caso, desde su inicio abrió la línea de investigación de delincuencia organizada, delito que es de competencia federal.

b) Por ser un delito cometido en contra de una persona que afecta, limita o menoscaba el derecho a la libertad de expresión. La labor política y social de Armando Chavarría Barrera, lo ubica dentro de esta hipótesis (artículo 73 fracción XXI, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

c) Que se actualizan circunstancias que materialmente imposibilitan llevar a cabo una investigación imparcial, especializada y, esclarecer los hechos en los que fue privado de la vida Armando Chavarría Barrera, tan es así que a once años de ocurrida su ejecución no existe ningún avance en las investigaciones. 

6. Mediante escrito de 27 de diciembre del 2019, la Fiscalía General de la República, negó atraer el caso, argumentando:

a) Que no es de su competencia,

b) que existen mecanismos e instancias para impulsar la investigación, ignorando las características especiales del caso. 

SITUACIÓN ACTUAL 

1. Hay un olvido institucional del caso, pretendiendo borrar la relevancia política y social de Armando Chavarría Barrera, y con ello, la trascendencia y alto grado de reclamo por su crimen, ya que éste sucedió cuando fungía como Presidente de la Comisión de Gobierno del H. Congreso del Estado de Guerrero, el órgano que ostenta la máxima representación popular, generador de las normas con rango de ley y controlador y fiscalizador de la acción del gobierno; pero también el espacio de debate público por excelencia, de expresión y defensa de las ideas, órgano garante de la información cívica, desde el cual se promueve y protege los derechos humanos y las libertades ciudadanas; por lo que con la privación de su vida se causó también un agravio social. 

2. Hay un estancamiento de las investigaciones, haciendo nugatorio el derecho de la víctima, de la familia, y de la sociedad --por el cargo de representación que ostentaba-- de acceder a la justicia, al no esclarecerse los hechos, ni la identidad de los autores materiales e intelectuales. 

La fiscalía local no ha garantizado a la víctima, a sus familiares y a la sociedad guerrerense, nuestro derecho fundamental de conocer la verdad y de acceso a la justicia, porque no sólo no se han esclarecido los hechos, sino que no hay muestras de que exista un interés en querer hacerlo. 

3. Hay una complicidad institucional, al ocultar la verdad y encubrir a los autores materiales e intelectuales, debido a que se han dado a conocer indicios de que en la planeación y comisión de la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría Barrera, existió la participación de servidores públicos estatales de Guerrero, sin que hasta esta fecha se haya seguido esa línea de investigación y, por el contrario, las autoridades estatales se han dedicado a entorpecer, impedir y alterar las investigaciones del caso, como lo manifestó el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en aquél entonces, Alberto López Rosas, el 18 de agosto del 2011, quien señaló al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de haber ordenado la sustracción del expediente del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera, con el propósito de “borrar evidencias”, de lo cual quedó constancia en los diversos medios de comunicación. 

Esto significa, que los gobernantes que han transitado, todos, después del 2009, se han vuelto cómplices de este artero crimen al ignorar estos elementos y, por lo tanto, tenemos el deber de evidenciarlos, porque la lucha por la verdad y la justicia, incluye la lucha por la NO REPETICIÓN de estos lamentables hechos. 

4. En el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, sobre su misión a México (22 de abril a 2 de mayo de 2013), se tomó nota de: 

“Omisiones considerables en las investigaciones de presuntos homicidios por las autoridades federales y estatales, en demasiados casos en que alguien había perdido la vida no se realizaba ninguna investigación seria. 

El Relator Especial tomó conocimiento con preocupación de que el aumento del índice de homicidios registrados no se había acompañado de un aumento de la capacidad del sistema de justicia penal para castigar a los responsables. En algunos casos, las denuncias presentadas por familiares de las víctimas a la policía u otras autoridades en relación con homicidios o desapariciones con resultado de muerte no habían dado lugar a ninguna investigación seria”. 

“Las vulneraciones del derecho a la vida también son el resultado de que no se investigue ni se identifique debidamente a los responsables y que no se les exija que rindan cuentas de sus actos ni se otorgue reparación a las víctimas. El Relator Especial recuerda que en tales circunstancias la impunidad constituye en sí una violación del derecho a la vida por el Estado e insta a México a que ponga fin a la impunidad en todo el país” 

Asimismo, tomó nota “de que los funcionarios públicos pueden manipular y en algunos casos incluso falsificar el lugar del delito, especialmente cuando haya intervenido el uso ilícito de la fuerza por un agente del Estado”; y que familias sufrían represalias o amenazas de autoridades estatales o grupos de la delincuencia organizada por solicitar que se lleven a cabo investigaciones el Estado debería brindar mayor protección a las familias de las víctimas e iniciar acciones judiciales de oficio, en pleno ejercicio de sus facultades de investigación y acusación. De lo contrario, se irá erosionando la fe de la ciudadanía en el sistema jurídico, con el consiguiente aumento de la delincuencia y la impunidad. 

5. Actualmente, se encuentra en trámite un juicio de amparo indirecto, promovido ante el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República de atraer el caso de Armando Chavarría Barrera, porque considero que su negativa es injustificada, por lo que será un Juez federal quien lo determine. 

POSICIONAMIENTO 

Por lo anterior, sostenemos, que el Caso de Armando Chavarría Barrera ejemplifica el funcionamiento del sistema de justicia en México, ante la falta de una investigación seria y de garantías de protección a la víctima u ofendido del delito, una actitud cómplice de las instituciones; el atentado contra su vida y las violaciones a los derechos humanos de la familia y de la sociedad, continúan, en tanto no se identifique y proceda penalmente en contra de los responsables ni se otorgue reparación a las víctimas. 

La justicia retardada, es justicia denegada, a lo largo de estos 11 años de impunidad, diversos sectores de la sociedad han estado presentes en el reclamo al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, por el esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato planeado en las esferas del poder.

Resulta indignante que las víctimas y ofendidos del delito tengamos que recurrir a mecanismos legales para lograr que las autoridades asuman sus obligaciones de hacer investigaciones altamente éticas y profesionales, que pongan fin a la impunidad.

Martha Idalia Obezo C. Vda. de Chavarría

Organizaciones:

Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello

Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan

Centro regional de derechos humanos José María Morelos y Pavón

Movimiento por la paz con justicia y dignidad

Aliadas por la justicia a.c.

Organización campesina de la sierra del sur

Organización indígena campesina Vicente Guerrero

Promovemos cultura con perspectivas de género

Frente Guerrero Por Nuestros Desaparecidos: Centro Minerva Bello, Tlachinollan, Centro Morelos, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Secuestrados de Guerrero y el País, Colectivo “Raúl Trujillo”, Colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de Chilpancingo, Colectivo Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos, Colectivo Independiente de Iguala.

Personas:

Antropólogo Abel Barrera Hernández

Diacono José Filiberto Velázquez Florencio

Lic. Teodomira Rosales Sierra

Mtro. Hegel Mariano Ramírez

Lic. Diana Hernández Hernández

Lic. Sofía Lorena Mendoza Martínez

Angélica Rodríguez Monroy

Lic. Ma Guadalupe Rodríguez Narciso

Lic. Lorena Reza Garduño

Lic. Emperatriz Basilio Goytia

Dr, José Enrique Gonzalez Ruiz

MC. Nicomedes Fuentes García

Magdiel Sánchez Quiroz

Gerardo Gómez Mureddu

Norma Adriana Garduño Salazar

153 vistas
CDH Minerva Bello

Email: direccion@dhminervabello.org

Phone: +52 5545166421

             +52 747 138 3501

Dona: Centro de derechos de las victimas de violencia Minerva Bello

Sucursal 7014 Cuenta 7875205 Clave 002260701478752056

Código SWIFT: BNMXMXMM Citybanamex

Suscribete hoy!

© 2019 by Centro de derechos de las victimas de violencia Minerva Bello.